Una denuncia de Vialidad Nacional abrió un nuevo frente de conflicto con la Provincia de Santa Fe al cuestionar la instalación y el funcionamiento de más de 100 radares ubicados sobre rutas nacionales.
Según el organismo nacional, esos equipos habrían sido utilizados para labrar miles de infracciones sin contar con la autorización exigida por la normativa nacional. La presentación sostiene que la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, a través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, implementó controles sobre corredores de jurisdicción nacional sin cumplir el procedimiento obligatorio para su habilitación.
En ese marco, Vialidad Nacional intimó a municipios y comunas a retirar los radares que, según la denuncia, fueron instalados sin autorización, y advirtió que podría avanzar con su remoción en caso de incumplimiento.
De confirmarse las irregularidades denunciadas, las infracciones emitidas por esos dispositivos podrían quedar sin validez, lo que pondría bajo análisis la recaudación obtenida a partir de esas multas.
El planteo también abre interrogantes sobre la cantidad de actas confeccionadas, el monto total recaudado, la empresa encargada de instalar los equipos, quién autorizó su funcionamiento y cuál será la situación de los conductores que abonaron sanciones que eventualmente podrían ser declaradas inválidas.
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